Sobre la información en materia de Propiedad Intelectual (I)

Que la Propiedad Intelectual es un tema candente no es un misterio; la cuestión está en los criterios que siguen los medios de comunicación para hacer prevalecer unas noticias sobre otras, y ello en claro perjuicio de una información objetiva e imparcial.

Si preguntamos a un ciudadano medianamente informado, probablemente nos diga que la SGAE pierde casi todos sus juicios, que las últimas resoluciones judiciales consideran que el top-manta no es un delito, así­ como no lo son las páginas de enlaces (torrents, elinks, etc.) hacia redes P2P. Y por supuesto ni que decir tiene del intercambio de archivos en redes P2P, considerando como dogma el criterio del Ministerio Fiscal (mediante la famosa Circular 1/2006 que tanto daño está haciendo, no porque sea incorrecta, sino porque ha sido malinterpretada), así­ como invocando derechos fundamentales para quebrantar el principio de exclusividad de los derechos de propiedad intelectual. Nada más lejos de la realidad.

Si nos damos una vuelta por los principales medios de comunicación, la demagogia es evidente. Mientras que anuncian en grandes titulares su victoria en procedimientos contra el «press-clipping», ensalzando su papel y el respeto a sus derechos de propiedad intelectual, ponen igualmente en primera plana cualquier resolución judicial que pueda perjudicar a otros titulares de derechos, al tiempo que facilitan todos los medios e información para provocar este perjuicio.

Aunque los jueces también están jugando un papel fundamental en la (mal)interpretación del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual. He afirmado en diversas ocasiones que considero que actividades como el «top-manta» deberí­an reconducirse hacia sanciones únicamente civiles o administrativas, y nunca penales (como otras actividades de venta ambulante o callejera, que indudablemente afectan al orden público), pero no podemos ignorar la existencia del artí­culo 270 CP, que penaliza la distribución con ánimo de lucro, por mucho que sea el mantero «último eslabón de la cadena». Dura lex sed lex.

Muchos jueces, personas al fin y al cabo, consideran injusta la penalización del top-manta, y aun con peligro de caer en un delito de prevaricación, dictan sentencias contrarias a Derecho o aplican criterios del legislador (como el de proporcionalidad o el de intervención mí­nima) a sus resoluciones judiciales, en una clara utilización incorrecta del Derecho, que son, precisamente, las que percibe la Sociedad, a pesar de ser las menos comunes.

Mientras que frecuentemente vemos en los medios de comunicación sentencias pro-despenalización del top-manta, haciendo creer a la sociedad (y a los jueces, que igualmente son parte de la misma) un cambio jurisprudencial, en las publicaciones especializadas vemos una realidad más bien diferente. En el último número de la Revista Pe.I., la cual hace un repaso a toda la jurisprudencia sobre la materia (sea en un sentido o en otro), aparecen decenas de sentencias que declaran delictiva la actividad de distribución de obras protegidas sin autorización de sus titulares de derechos, al tiempo que desechan esos principios invocados por algunos tribunales por no ser de aplicación al caso.

En este sentido, sentencias como la de la Audiencia Provincial de Sevilla de 7 de octubre de 2008, de Zamora de 1 de octubre de 2008, de Valencia de 15 de octubre de 2008, de Madrid de 2 de enero y de 29 de enero de 2009, o de Barcelona de 20 de octubre de 2008 (por poner algunos ejemplos) recuerdan que no es necesario demostrar la venta, sino la distribución; que hay ánimo de lucro porque la distribución se realiza mediante precio; que el perjuicio de terceros debe interpretarse como una mera potencialidad y no un perjuicio efectivo; que no existe estado de necesidad; o que el principio de intervención mí­nima es un mandato dirigido al legislador y de ninguna manera puede ser utilizado por el juzgador (sobre esto, por ejemplo, sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de octubre de 2008 y de 24 de octubre de 2008). Por cada 15 sentencias condenatorias hay un absolutoria, y curiosamente ésta es la única que llega a los medios de comunicación (incluyendo a los blogs), desvirtuando la percepción de los ciudadanos.

Hace unos dí­as leí­a que la «Audiencia de Vizcaya no considerará delito el ‘top-manta'», a la postre una suerte de criterio común que en nuestro paí­s únicamente es válido para el Ministerio Fiscal (de ahí­ la famosa Circular) y que podrí­a traer consecuencias penales a sus señorí­as por dictar una resolución a sabiendas que es injusta (y si la cuestión es que no lo saben… creo que tenemos un problema). Los jueces son personas, algunos más asiduos a los ‘manteros’ que a la Fnac, lectores de prensa diaria y perceptores de que la sociedad pide que esta actividad se despenalice, aunque parecen no caer en la cuenta de que no está en su mano llevar a cabo este cambio, sino en la del legislador.

La culpa es de los medios de comunicación, que prefieren sacrificar su debida neutralidad e imparcialidad en aras de ofrecer noticias que serán bien acogidas por sus lectores, especialmente en esta época tan convulsa. Llama la atención que las sentencias aisladas tengan más repercusión que las numerosas y que la excepción se convierta en norma en ojos de la Sociedad. Y así­, sin un debate rico y objetivo, difí­cilmente avanzaremos hacia una nueva Propiedad Intelectual.