La letra del Himno Nacional

Cuando era pequeño siempre me llamaba la atención que en partidos internacionales, todos los jugadores cantaban su himno menos los españoles. A pesar de que hay por ahí­ letras oficiosas del himno español, nunca se ha oficializado ninguna de ellas, aunque la creada por Pemán (ilustre gaditano, que por cierto, estudió en el mismo colegio y en la misma facultad de derecho que un servidor) es la letra que quizá cuenta con mayor aceptación popular.

Por si no tení­amos suficientes conflictos en España, suspicacias, resquemores, deseos independentistas, o vergí¼enza a lo patrio y castizo, el COE y la SGAE, hartos de ver cómo todos cantan menos nosotros, han decidido ponerle letra a la «Marcha Real», con el consiguiente revuelo.

No voy a entrar a valorar la decisión (realmente no tengo un juicio sobre la misma, me parece que tenemos un buen himno, con o sin letra), aunque mi deformación profesional ha llevado a plantearme numerosas interrogantes.

Es evidente que si la propuesta sigue adelante, y la letra es aprobada por las Cortes Generales (aunque no estarí­a de más que fuese aprobado en referendum por el pueblo), el autor de la misma tendrá que ceder al Estado los derechos de explotación de la misma, y aunque a priori habí­a pensado que tendrí­a que renunciar a los derechos irrenunciables que establece la LPI, documentándome para escribir este post me he llevado una sorpresa.

La Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los autores determinados derechos irrenunciables: derechos morales, droit de suite, compensación equitativa por copia privada, 90.2 LPI, etc. Pero claro, si una persona compone la letra del himno de una nación, podrí­a realizar una cesión gratuita de derechos de explotación a favor del Estado, pero ¿qué ocurrirí­a con los derechos irrenunciables?

Como digo, buscando información en la base de datos del despacho, he llegado a dos Reales Decretos que me han hecho descubrir un poco la historia de nuestro real himno. Los arreglos actuales del himno, incluyendo su armonización e instrumentación, son del maestro Bartolomé Pérez Casas (fallecido en 1956), aunque el maestro Francisco Grau Vergara realizó la revisión y orquestación que conocemos en la actualidad.

Mediante Real Decreto 1543/1997, de 3 de octubre, sobre adquisición por el Estado de los derechos de explotación de determinadas obras musicales y encomienda de su administración al Ministerio de Educación y Cultura, el Estado español adquirí­a los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de la armonización del maestro Pérez Casas.

Además, por el RD 2027/1998, de 18 de septiembre, por el que se acepta la cesión a tí­tulo gratuito a favor del Estado de todos los derechos de explotación y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la revisión y orquestación del Himno Nacional efectuadas por el maestro don Francisco Grau Vergara, el Estado adquirí­a derechos sobre los arreglos de la «Marcha Real» realizados por el Maestro Grau Vergara.

Hay aspectos curiosos de ambos Reales Decretos como que, dado que en nuestro ordenamiento no es posible ceder derechos sobre medios de difusión inexistentes en el momento de la cesión, establece que (art. 1 in fine):

si en un futuro el Estado quisiera explotar los derechos por una nueva modalidad o por un nuevo medio actualmente desconocido, lo comunicará fehacientemente a su cedente o, en su caso, a sus herederos, entendiéndose que queda prestada su total conformidad, si en un plazo de quince dí­as no hacen reserva alguna.

¿Qué pasarí­a si el autor o herederos no presta su conformidad? ¿No se podrí­a explotar dicho arreglo por ese nuevo medio?

También extremadamente curioso es el artí­culo 2, que establece que:

Al amparo de lo establecido en el artí­culo 96 de la Ley del Patrimonio del Estado, se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura la administración y explotación de los derechos cedidos, autorizándose a que el citado Departamento otorgue temporalmente el ejercicio de las facultades de administración y explotación de los derechos derivados de dicha obra a alguna entidad de gestión colectiva de derechos de autor hasta su incorporación al dominio público, según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Además, los herederos del Maestro Pérez Casas salieron bien parados del RD 1543/1997 ya que el artí­culo 1.3 establecí­a una remuneración a favor de los herederos del compositor de 130 millones de pesetas (781.315 euros, aproximadamente) por dicha cesión, más un 5% por la explotación de la obra hasta su entrada en dominio público y un 1% por la explotación de obras derivadas. No está nada mal teniendo en cuenta que se trata de los arreglos del himno nacional.

Verí­a entonces completamente compatible que el autor de la letra del himno obtuviese los rendimientos producidos por sus derechos irrenunciables, sin perjuicio de que el Estado controlase los derechos de explotación, que podrí­an ser transmitidos como se hizo en este Real Decreto. Desconozco si el Estado, como socio de SGAE que parece ser, suele reivindicar sus derechos sobre el arreglo del Maestro Grau Vergara.

Porque, a la hora de la verdad, los arreglos realizados a la «Marcha Real» no generarán derechos en todas las ocasiones ya que el artí­culo 38 de la Ley de Propiedad Intelectual establece expresamente que:

38. Actos oficiales y ceremonias religiosas.-La ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración especí­fica por su interpretación o ejecución en dichos actos.

De ahí­ quedan excluidos (y por lo tanto pagan) los actos de los partidos polí­ticos, encuentros deportivos y cualquier otro evento en el que se interprete el himno patrio.

Curiosa sorpresa me he llevado al investigar para escribir este post.