La sociedad y los medios de comunicación no han sido los únicos que han criticado en los últimos años a las entidades de gestión. Desde instituciones europeas se lleva instando desde hace años a las sociedades gestoras de toda Europa a que entren definitivamente en el mercado único, concediendo licencias paneuropeas (de forma que una entidad de gestión, por ejemplo, de Luxemburgo pueda autorizar la explotación de contenido en Italia), creando un entorno de competencia entre todas ellas, lo que, en teoría, beneficia tanto a los titulares de derechos (las entidades tratarían de ofrecer un mejor servicio) como a los usuarios de los mismos (que obtendrían mejores precios, al existir competencia).
Sin embargo, yo soy un tanto escéptico sobre la idoneidad de favorecer la existencia de más de una entidad de gestión que administre el mismo tipo de repertorio (de lo que hablaré en un posterior post) y sobre la necesidad de la existencia de competencia entre diferentes entidades de gestión europeas, y lo soy por los motivos que intentaré explicar a continuación.
Establecer un negocio online a nivel europeo basado en contenidos es una tarea tremendamente complicada actualmente. Si quieres montar, por ejemplo, un videoclub online no sólo tienes que negociar con las entidades de gestión de cada país en el que te quieras establecer (ya que cada una te dará autorización sólo para su territorio) sino que debes hacerlo para cada titular de derechos (autores, actores, músicos…) además de con los productores de las películas para que te autoricen a explotar las mismas. Ello supone tener que llegar a acuerdos con entidades de gestión de 27 países, algunas de ellas tendrán además múltiples entidades involucradas (como España, con SGAE, AISGE y AIE), además de tener que pactar con los productores, que podrán dar o no autorización para toda Europa dependiendo de si han otorgado licencias exclusivas en otros países o no. El resultado son al menos 50 contratos que deberás firmar para poder montar un videoclub disponible en toda Europa y 100% legal (por eso dudo que la iniciativa Fácilvisión ostente todos los derechos necesarios; parece que únicamente ha contado con el de SGAE y como vemos, hacen falta muchísimos más).
Este draconiano escenario ha hecho que, desde 2005, la Comisión Europea haya intentado que las entidades de gestión europea compitiesen entre sí, algo que las más grandes no quieren ya que supondrían salir del cómodo escenario de monopolio territorial en el que actualmente se encuentran. Fruto de esta presión han nacido tímidamente determinados acuerdos entre algunas entidades de gestión y editoriales (como el que comenté desde Cannes hace ya dos años), aunque todavía con escasos resultados. Pero ¿realmente es deseable que exista competencia entre estas organizaciones?
La gestión de derechos de propiedad intelectual implica la existencia de unos recursos mínimos para llevar a cabo una labor de vigilancia y monitorización de los usos que se hagan del repertorio de una entidad, lo que se consigue a través de inspectores, tecnologías de rastreo de explotación de contenido, sondeos, etc., y ello con el objetivo no sólo de recaudar sino de tener datos para el posterior reparto a sus asociados. Estos son unos costes fijos obligatorios que cada entidad debe asumir para poder gestionar de modo eficiente su repertorio (incluyendo el propio y el gestionado gracias a los acuerdos de reciprocidad que tengan con otras sociedades extranjeras) y que no disminuirían al entrar en un entorno de competencia, casi lo contrario, aumentarán al expandirse su ámbito territorial de competencias.
La posible adopción de estas licencias transnacionales implicaría que una entidad de Chipre pudiese autorizar en España la explotación de determinado repertorio europeo, siendo lo más probable que no tuviese en nuestro país ni las infraestructuras ni los medios técnicos necesarios para garantizar una mínima calidad en el efectivo control y reparto de lo recaudado. Evidentemente, esta entidad tendría unos costes fijos ínfimos en comparación con, por ejemplo, GEMA (la sociedad gestora alemana que, como otras, tiene un complejo -aunque a veces insuficiente- sistema de control y reparto), lo que permitiría a la entidad chipriota ofrecer todo el contenido europeo en todo el continente por un precio muy inferior al de entidades francesas, italianas o alemanas, con mayores medios que implican mayores costes. Es obvio que este escenario favorece enormemente a las entidades pequeñas, que podrían competir con las grandes, provocando que éstas tuviesen que disminuir sus tarifas (en ocasiones creo que ni tendrían el margen suficiente), y todo ello en perjuicio de los autores (porque las pequeñas serían capaces de ofrecer precios «fuera de mercado», lo cual redundaría en sus ingresos).
Además, uno de los puntos que más se critica a las entidades, que es la calidad de la recaudación y su posterior reparto en base a criterios objetivos, sería absolutamente imposible al no contar estas «entidades pequeñas» con la infraestructura suficiente para conocer con rigor qué obras se han explotado y de qué forma.
En este escenario, creo, todos pierden excepto los usuarios de contenido y estas entidades menores.
Por eso, en mi opinión, la solución no estaría tanto en favorecer la competencia entre entidades de gestión de toda Europa para que «peleen» por captar a cualquier titular de derecho europeo que les permita otorgar licencias en todo el continente, sino potenciar la existencia de una alianza de entidades europeas para la creación de una «ventanilla única» a la que acceder en cualquier país. De esta forma, través de la misma se concederían licencias europeas, cuya recaudación correspondería a la entidad que ha gestionado la misma, si bien el reparto de dicha recaudación a cada país se haría basado en los datos aportados por cada entidad a dicha alianza, que sería la encargada de determinar qué se ha explotado en cada país Europeo y, por tanto, cuánto le corresponde a cada uno, para su posterior reparto.
Soy consciente de la complejidad de este sistema (si ya lo es a nivel nacional, aún más lo sería para toda Europa), pero si tras 5 años desde la Recomendación de la Comisión apenas se han conseguido avances, quizá vaya siendo hora de buscar alternativas, aunque ya sabemos que los pactos entre más de dos personas son harto complicados.
En cualquier caso, es un sinsentido que en el año 2010 todavía veamos cómo un servicio como Spotify tiene un repertorio diferente dependiendo del país europeo en el que nos encontramos, y aunque la solución no es nada sencilla, es imprescindible transigir y ser flexibles para favorecer la creación de negocios basados en contenidos que operen sin restricciones en todo el espacio común europeo.
En el próximo post me quedaré en España, para hablar sobre el informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las entidades de gestión.
«yo soy un tanto escéptico sobre la idoneidad de favorecer la existencia de más de una entidad de gestión que administre el mismo tipo de repertorio»
Entonces antes de establecer un monopolio privado, vale más que lo gestione directamente el Ministerio de Cultura.
El ejemplo de Chipre no me cuadra. Entendiendo que el apuntarse a cualquiera de estas sociedades fuese voluntario, no veo porque un artista se iba a apuntar a la entidad chipriota y no a la GEMA.
Por otra parte los costes fijos, si la recaudación no da para sostenerlos… ¡¡se pagan con las cuotas de los socios!! En un entorno de competencia está claro que si la entidad de gestión no es eficiente, estas cuotas serán muy altas y los artistas huirÃan hacia aquellas entidades que les pidiesen cuotas menores y proporcionasen mayores recaudaciones.
Tampoco descartes que pudiese haber fusiones de entidades ¿una $GAEMA? 🙂
Es mi sensación que este sistema tiene tantos agujeros tan difÃciles de tapar porque no es «natural» y es que viene forzado e impuesto por la ley.